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Las Denominaciones de Origen Protegidas: un derecho de propiedad industrial cada vez más fuerte

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) ha dado un paso más en la delimitación del ámbito de protección que la normativa europea ofrece a las Denominaciones de Origen Protegidas (DOP) respecto de sus nombres.

Estaba claro hasta ahora que a las Denominaciones de Origen Protegidas (DOP) se les otorgaba un monopolio respecto del uso de sus nombres en cuanto a que terceros no pudieran utilizar ni directamente, ni indirectamente el nombre de una DOP. Del mismo modo, tampoco evocar o establecer una proximidad conceptual respecto de una DOP con una marca que se utilizara para productos.

Es necesario partir de un principio fundamental: la normativa europea que regula esta materia es un instrumento de la política agrícola común que tiene varios objetivos:

  • garantizar a los consumidores que los productos que llevan una indicación geográfica registrada presentan determinadas características particulares y por ello, ofrecen una garantía de calidad debido a su procedencia.
  • permitir a los productores agrícolas que han realizado esfuerzos cualitativos reales, obtengan como contrapartida mayores ingresos, e
  • impedir a terceros que se aprovechen abusivamente de la reputación derivada de la calidad de dichos productos.

Es por esto que no puede haber en el mercado productos que, no cumpliendo las especificaciones de las DOP, puedan infringir o impedir los objetivos antes citados.

Sin embargo, existían dudas acerca de si ese monopolio puede abarcar también servicios, como el caso que nos ocupa, aunque ya había algunas referencias al respecto en determinados Considerandos de los Reglamentos UE 1151/2012 y 1308/2013.

El TJUE se ha pronunciado el pasado día 9 de septiembre, con motivo de una cuestión prejudicial planteada por la Audiencia Provincial de Barcelona en relación con un asunto que enfrenta a CHAMPANILLO, empresa catalana de restaurantes de tapas y bocadillos, con el Consejo Regulador de la DO Champagne.

La justicia europea ha declarado que la evocación de una marca respecto de una DOP, que lleve a establecer una relación entre ellas, haciendo que el consumidor tome como referencia la DOP y su reputación, ha de entenderse “en el sentido de que protege a las denominaciones de origen protegidas frente a comportamientos relacionados tanto con productos como con servicios.

Ello produce un efecto y es que proporciona un derecho privilegiado en favor de las DOP respecto de los nombres de los territorios, cuyo registro y uso como marca se va a ver limitado por el derecho exclusivo de la DOP.

Esta decisión es ciertamente trascendente, puesto que debemos considerar que las DOP suelen tomar para sus denominaciones los nombres de los territorios en los que se emplazan y que son parte fundamental de su propia naturaleza. A su vez, es una práctica más que habitual que muchas empresas -y especialmente empresas de servicios-, adopten dentro de sus denominaciones, reproducciones o alusiones al nombre del territorio donde radican.

Imaginemos por ejemplo el caso de LA RIOJA, nombre de la Comunidad Autónoma y territorio de referencia de la DOP de vino RIOJA.

En la gran mayoría de casos, no parece probable que una marca que identifique los servicios de una empresa cuyas actividades se encuentren alejados de un producto de una DOP, se vea afectada por esta cuestión y no pueda acceder a su registro.

Sin embargo, sospechamos que sí que se van a producir situaciones en las que la compatibilidad sea más compleja e incluso inviable, pudiendo generar conflictos de cierta entidad entre las DOP y el sector empresarial que quiera utilizar los nombres de los territorios en los que radica o de los que trae su origen.

Habrá que ver cómo evoluciona la convivencia entre las DOP y las empresas de servicios más o menos relacionadas con el producto de la DOP para valorar los efectos de esta decisión judicial.

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2021-10-15T08:04:12+02:00Categorías: Patentes y Marcas|Etiquetas: , |

CUANDO LOS EXPEDIENTES VAN MAL: EL RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO EN PATENTES Y MARCAS. (Segunda parte)

En este segundo post (acceso al primer post), siguiendo con el recurso contencioso administrativo y los RCA, retomamos la explicación del funcionamiento de los RCA, y apuntamos los efectos jurídicos de los mismos. 

Seguimos:

El PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO [2].

(C) Esquema de funcionamiento procesal

Un RCA cuenta con las siguientes fases:

  • El procedimiento se inicia con un Escrito de Interposición del Recurso, en el que se acredita la representación e identifica el acto administrativo que se pretende impugnar.

En el mismo, se reclama al juzgado para que solicite a la OEPM el expediente administrativo completo y se le entregue copia del mismo.

  • El juzgado solicita el expediente a la OEPM que tendrá que remitirlo en el plazo de 20 días.
  • Emplazamiento a terceros interesados en el expediente, si los hubiere.
  • El juzgado traslada el expediente al recurrente para que éste formule la demanda en el plazo de 20 días.
  • Si el expediente no está completo, puede solicitarse, dentro de los 20 días, que se complete. El plazo de contestar la demanda queda suspendido hasta subsanación.
  • Traslado de la demanda al demandado e interesados si los hubiere para que presente contestación a la demanda.
  • Presentada demanda y contestación, con la documentación que proceda, procede, si así es solicitado por las partes y/o así lo decide el Juez:
    • Recibimiento a prueba
    • Escrito de conclusiones
    • Celebración de vista (muy excepcionalmente)
    • Decisión del juzgado declarando concluso el pleito.
    • Sentencia

En un esquema gráfico:

(D) FORO JURISDICCIONAL

Las decisiones de la OEPM son recurribles, a elección del demandante, ante la Sala de lo Contencioso Administrativo de los Tribunales Superiores de Justicia de:

  • Aquel que corresponda a la circunscripción del domicilio del demandante
  • Tribunal Superior de Justicia de Madrid, por ser éste el lugar donde tiene su sede la OEPM.

 

(E) EFECTOS DEL RCA

  1. Es la herramienta judicial para rebatir decisiones administrativas fuera del ámbito administrativo
  2. Evita la firmeza de la resolución administrativa.
  3. Permite valorar el caso desde una óptica diferente y más completa que la vía administrativa.

 

Esperamos que estos dos artículos sobre el recurso contencioso administrativo y los RCA hayan contribuido a aclarar parte de vuestras dudas respecto a este procedimiento judicial.

No obstante, este tipo de procedimientos deben ser interpuestos, tutelados y dirigidos por abogados expertos en materia de propiedad industrial, pues os recordamos que son procesos de los que se derivan costas y más grave que esto último, la eventual consolidación de infracciones de marca u otros derechos.

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