Hechos:

El pasado 19 de junio de 2012, el Tribunal de Justicia (Gran Sala) resolvió el asunto C-307/10, Chartered Institute of Patent Attorneys (más conocido como el caso IP TRANSLATOR). Dicho caso se originó a consecuencia de una petición de decisión prejudicial presentada por la High Court of Justice del Reino Unido, en el que planteó al Tribunal de Justicia las siguientes cuestiones:

«En el contexto de la Directiva 2008/95 […]:

1) ¿Es necesario que los diversos productos o servicios para los que se solicita una marca sean identificados con un grado concreto de claridad y precisión y, si es así, cuál es ese grado?

2) ¿Es admisible el uso de los términos generales de los títulos de las clases de la Clasificación de [Niza] a efectos de identificar los diversos productos o servicios para los que se solicita una marca?

3) ¿Es necesario o admisible que el uso de los términos generales de los títulos de las clases de esa Clasificación […] sea interpretado de conformidad con la Comunicación nº 4/03 […]?»

Decisión:

Los productos o los servicios para los que se solicita la protección de la marca han de ser identificados por el solicitante con suficiente claridad y precisión, de modo que permita a las autoridades competentes y a los operadores económicos determinar sobre esa única base la amplitud de la protección solicitada.