Según la legislación española y europea, las prohibiciones relativas de marca son normas limitativas (previstas en los artículos 6-9  de la Ley de Marcas 17/2001) que regulan los requisitos de registrabilidad de un signo distintivo.

Las prohibiciones absolutas se corresponden con intereses públicos o generales mientras que las relativas se refieren a intereses particulares o privados.

Las prohibiciones relativas de marca implican que el signo no está disponible, ya que entra en conflicto con derechos de terceros.

En general, podemos decir que estas normas están dirigidas a la consolidación de la libre competencia y a la protección de los intereses de los intervinientes en el mercado: empresarios y consumidores.

Así pues, mientras las prohibiciones absolutas de marcas se refieren al signo en sí, con las relativas se protegen las marcas anteriores buscando la defensa del principio de “prioridad” y se defienden los intereses de los consumidores evitando el acceso al registro de marcas que pueden generar un riesgo de confusión.

En base a lo establecido por las prohibiciones relativas de marcas (en su art. 6.1) , no podrán registrarse como marcas los signos:

  • Que sean idénticos a una marca anterior que designe productos y/o servicios idénticos.
  • Que por ser idénticos o semejantes a una marca anterior o a los productos y servicios que designan, exista un riesgo de confusión en el público (el riesgo de confusión incluye el riesgo de asociación con la marca anterior.

En la vigente legislación española se examinan de oficio las prohibiciones absolutas y únicamente un muy especial supuesto de prohibición relativa.

Cabe por tanto destacar que la OEPM ya no realiza examen de oficio de la existencia de marcas parecidas anteriores.

Por eso, tanto si eres titular de una marca registrada como si estás pensando en registrar un nuevo signo distintivo, es de fundamental importancia contar con el respaldo de una agencia oficial de Propiedad Industrial que realice una pro-activa vigilancia y búsqueda de anterioridades, que permita (en el caso de un titula perjudicado):

  • formular oposición al registro de la marca objeto de examen,
  • o bien formular las correspondientes acciones reivindicatoria, de cesación y de nulidad.